La paz no es un concepto abstracto, un simple cese de
hostilidades. Es un tejido complejo, un
entramado de justicia, equidad y oportunidades que envuelve la vida de cada
persona. Es el susurro de un niño durmiendo seguro en su cama, la sonrisa
tranquila de un agricultor contemplando su cosecha, la confianza en el futuro
que se respira en una comunidad unida. Y
para nosotros, alcanzar esta paz real implica un compromiso inquebrantable con
las víctimas, con aquellos que llevan las cicatrices del conflicto, tanto
visibles como invisibles, grabadas en sus cuerpos y en sus almas. No construiremos monumentos imponentes que se
alcen como fríos recordatorios del sufrimiento, sino que reconstruiremos vidas,
con la esperanza y la justicia como columna vertebral.
Nuestra propuesta no se queda en palabras vacías; se traduce en
acciones concretas, en un plan que se dirige directamente a las necesidades de
quienes han padecido la violencia. Se
empieza por la reparación integral de las víctimas. No basta con un cheque; se
requiere un compromiso real con su bienestar, un apoyo tangible para mejorar su
calidad de vida y la de sus familias. Se trata de escuchar sus historias, de entender su dolor
y de proporcionarles los recursos económicos, sociales, psicológicos que
necesitan para reconstruir sus vidas.
Hablamos de acceso a vivienda digna, a atención médica especializada, a
oportunidades educativas y laborales, de un futuro donde la esperanza supere al
miedo.

Este compromiso con las víctimas se extiende a la necesidad
imperiosa de fortalecer los mecanismos de justicia transicional. No podemos permitir que la impunidad se
convierta en un manto que proteja a los responsables de atrocidades. La verdad
debe salir a la luz, la justicia debe
impartirse, y la reparación debe ser
completa, incluyendo las garantías de no repetición. Se trata de
garantizar que el dolor del pasado no se repita en el futuro, de construir una sociedad donde el respeto a
la ley y a los derechos humanos sea el cimiento fundamental de la convivencia.
Para cimentar esta paz duradera,
una reforma agraria inclusiva es fundamental. El acceso equitativo a la tierra,
especialmente para las poblaciones rurales afectadas por el conflicto, es un
elemento clave para la reconstrucción social y económica. Otorgando la posibilidad de un futuro
digno, de romper el ciclo de pobreza y
marginalización que ha perpetuado el conflicto.
Esta reforma debe ser justa y transparente, garantizando los derechos de propiedad y la
sostenibilidad de las comunidades.
La paz también se construye desde el corazón de las
comunidades. Promoveremos el diálogo, la
reconciliación y la construcción de paz a nivel comunitario, a través de
programas de educación para la paz y la convivencia. Invertiremos en la formación de líderes
comunitarios, en la promoción de la participación ciudadana y en el
fortalecimiento de los lazos sociales.
La construcción de un futuro compartido, un futuro de paz, se logra con
la participación activa de todos, con la colaboración de quienes fueron
víctimas y de quienes, quizás sin intención, contribuyeron al conflicto.
Finalmente, para que la paz sea real y perdurable, debemos
impulsar el desarrollo económico en las zonas afectadas por el conflicto. Invertir en infraestructura – carreteras,
escuelas, hospitales, acceso a internet –
es fundamental para crear oportunidades y reducir las
desigualdades. El desarrollo económico
no es un fin en sí mismo; es el medio para generar esperanza y oportunidades,
para reconstruir la confianza en el futuro, para construir un país en el que
todas las personas puedan vivir con dignidad y seguridad. Se trata, en definitiva, de tejer juntos un
futuro de paz, un futuro donde la justicia, la equidad y la esperanza
florezcan, donde las cicatrices del pasado sirvan como un recordatorio de lo
lejos que hemos llegado y de lo mucho que debemos proteger.