1. Sistema Nacional de Pago por Servicios Ambientales: Un programa robusto que remunere a propietarios de tierras por la conservación de ecosistemas, con mecanismos transparentes y equitativos.
2. Auditoría Integral de la Gestión Ambiental del Estado: Una auditoría independiente y transparente que evalúe la eficacia de las políticas ambientales del gobierno, identificando debilidades y áreas de mejora.
3. Derecho de la Naturaleza: Reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza (ríos, bosques, etc.), permitiendo acciones legales en su defensa. Esto implica una profunda revisión constitucional.
4. Impuesto a las Emisiones de Carbono de las Grandes Empresas: Un impuesto progresivo y significativo, con mecanismos robustos para evitar la evasión y asegurar su destino a proyectos ambientales.
5. Creación de un Ministerio del Agua: Una entidad gubernamental dedicada exclusivamente a la gestión integral del recurso hídrico, con enfoque en la sostenibilidad y la justicia hídrica.
6. Financiamiento Público Directo a Proyectos de Restauración Ecológica: Un presupuesto considerable dedicado a financiar proyectos de reforestación, restauración de humedales y recuperación de ecosistemas degradados.
7. Creación de un Fondo Soberano para la Biodiversidad: Un fondo financiado con impuestos verdes e inversiones internacionales, dedicado a la conservación de la biodiversidad colombiana.
8. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: Un plan integral que vaya más allá de la mitigación, preparando a Colombia para los impactos inevitables del cambio climático.
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